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Trabajadoras remuneradas del Hogar y su lucha por el trabajo decente

Para reforzar el trabajo de articulación en la región, las trabajadoras remuneradas del hogar de nueve países participan del encuentro “Luchando por el trabajo decente en tiempos de pandemia”, un espacio para conversar sobre sus experiencias en medio de la crisis sanitaria, económica y social, los retrocesos, desafíos y experiencias de acciones colectivas exitosas.

Con el apoyo de FESminismos, la plataforma de todos los feminismos de la Fundación Friedrich Ebert (FES) en América Latina y el Caribe, el conversatorio se desarrolla en dos jornadas. La primera, en la que expusieron representantes de Chile, Perú, México y República Dominicana, tuvo lugar el miércoles 19 de agosto, fecha en que se conmemora el Día de la Trabajadora Doméstica en Uruguay.

La experiencia chilena

En el encuentro inicial, Luz Vidal Huiriqueo, presidenta del Sindicato de Trabajadoras de Casa Particular, SINTRACAP, de Chile, expuso en representación de esta colectividad, de la Asociación Nacional de Empleadas de Casa Particular, ANECAP, y del Sindicato Unitario de Trabajadoras de Casa Particular, SINDUCAP, que agrupa principalmente a las trabajadoras migrantes del sector.

La dirigenta explicó que aun cuando a nivel latinoamericano, las trabajadoras de casa particular en Chile han obtenido importantes avances, todavía se encuentran bastante precarizadas. Según datos del Instituto Nacional de Estadísticas, a marzo de 2020, eran alrededor de 300 mil, un 53% informales. “A 5 meses de decretada la pandemia, hay más de 120 mil trabajadoras sin empleo y más de 22 mil suspendidas de sus labores, eso significa que siguen con contrato pero no están con  renta. Desde marzo se ha perdido el 40% de empleos en el sector”, informó.

Para Vidal, el Gobierno dejó a estas trabajadoras abandonadas, “sin los mismos derechos que el resto de las y los trabajadores para enfrentar la crisis”, puesto que no tienen derecho al Seguro de Cesantía ni acceso a su Fondo Solidario. En su caso, opera una indemnización a todo evento, que se compone de una cotización mensual del 4,11 % de sus remuneraciones.

“La medida que el Estado de Chile implementó, a nosotras nos discrimina”, dijo refiriéndose a que quedan fuera de la Ley de Protección al Empleo que permite a las empresas suspender a sus trabajadores y trabajadoras, quienes durante el período de suspensión pueden acceder al Seguro de Cesantía y al Fondo Solidario.

Debido a la informalidad, tampoco tienen acceso garantizado a medidas implementadas para enfrentar la pandemia, como el Bono Clase Media. Pese a cumplir los requisitos, la política tributaria no obliga a empleadores/as a declarar sus rentas, por lo que no tienen los mismos derechos que el resto de trabajadoras y trabajadores ante el Servicio de Impuestos Internos (SII). Gracias al intenso trabajo desplegado, las trabajadoras de casa particular lograron acceso a este aporte estatal para la clase media para aquellas trabajadoras que están formalizadas y que cumplen los requisitos del SII.

En el caso del Ingreso Familiar de Emergencia, quedan fuera de este beneficio, puesto que el retiro de la indemnización a todo evento es considerado como un ingreso, lo que deja a cientos de trabajadoras de casa particular fuera de la calificación de vulnerabilidad. “Llevamos cinco meses tratando de hacer entender a este Gobierno que deben compensar en cierta forma todo el abandono que han tenido con el sector”, subrayó la sindicalista.

El mismo día del seminario, y pese a la oposición del Gobierno, las trabajadoras alcanzaron un histórico logro, luego que en la sala de la Cámara de Diputadas/os se aprobaron dos indicaciones que a su juicio “buscan reparar el daño que han sufrido las trabajadoras de casa particular ante el abandono del Gobierno durante la pandemia”.

Se trata de la incorporación inmediata al Fondo Solidario de Cesantía de las trabajadoras de casa particular con contratos suspendidos y que el retiro del 4.11% no se considere como ingreso para conceptos del Ingreso Familiar de Emergencia. El actual proyecto de Ley de Protección al Empleo 3.0 se votará en una Comisión Mixta del Congreso.

Por otra parte, Luz Vidal lamentó que en el Plan de Desconfinamiento Paso a Paso, el Gobierno no considerara las especificidades del sector. “Hemos sido bastante críticas de esta medida, en general las trabajadoras de casa particular, para llegar a sus puestos laborales, tienen que desplazarse hasta dos horas en locomoción pública, la que está saturada y van a ser un alto foco de contagio. El Gobierno está implementando esas medidas para reactivar la economía más que por cuidar la salud de los ciudadanos y ciudadanas”, indicó. Los sindicatos demandan un Plan Especial de Fiscalización para evitar contagios y vulneraciones de derechos en sus lugares de trabajo y durante el trayecto.  

Dentro de otras gestiones sindicales exitosas, mencionó las reuniones como Coordinadora de Trabajadoras de Casa Particular y con parlamentarias y parlamentarios; notificaciones a la Organización Internacional del Trabajo, OIT; la participación en una mesa con las autoridades del Ministerio del Trabajo, en foros y seminarios; y la campaña #CuidaAQuienTeCuida que junto a la FES mantienen en redes sociales desde el mes de marzo.

Desprotección del Estado Dominicano

Desde República Dominicana, Elena Pérez García, Secretaria General de la Asociación de Trabajadoras del Hogar, ATH, manifestó que la pandemia de coronavirus dejó al descubierto la ausencia de protección por parte del Estado dominicano, que las mantiene sin seguridad social, con un Código del Trabajo que contiene acápites discriminatorios y que respondió a la pandemia con una resolución que “dejó fuera no solo a las trabajadoras domésticas, sino a todos los sectores que nos encontramos en la economía informal”.

La dirigenta aseguró que más de 266 mil trabajadoras domésticas remuneradas se vieron afectadas, quedaron en su gran mayoría suspendidas sin disfrute de salario, despedidas sin prestaciones laborales o bien obligadas a permanecer en las casas de sus empleadores/as con largas jornadas de trabajo y salidas intermitentes. “Esta pandemia ha venido de develar la desprotección en la que vivimos las trabajadoras del hogar en toda América Latina y al mismo tiempo viene para demostrar la importancia de la valorización del trabajo que realizamos cada una de nosotras y los aportes que hacemos a la sociedad”, expresó.

Para la Secretaria General de la ATH queda en evidencia la necesidad de la aplicación del Convenio 189 de la OIT y la creación de leyes justas. Como parte de una estrategia conjunta, los tres sindicatos constituidos en este país, hicieron un trabajo de incidencia mediante apariciones en prensa y campañas en redes sociales para que el Estado dominicano las incluyera en el plan de apoyo Quédate en Casa y por una Ley Especial sobre Trabajo Doméstico.

En las exigencias al Gobierno, plantean su inclusión en las medidas adoptadas en el periodo de emergencia nacional, que se garantice el pago del salario durante la cuarentena sin prestación de servicios, la prohibición de despidos, la elaboración de una campaña de comunicación dirigida a empleadores/as para garantizar los derechos laborales de estas trabajadoras durante y después de la emergencia y que se sancione por despidos injustificados.

Por su parte, la Secretaria General del Sindicato Nacional de Trabajadoras Domésticas, Sintradome-CASC, Martha de Jesús, expuso que las trabajadoras migrantes tienen mayores dificultades para  acceder a beneficios. “Es una población totalmente desprotegida, trabaja por sueldos menores, precisamente por estar sin documentación, y los gobiernos todavía no hacen nada para proteger a la población migrante, a la que la pandemia ha golpeado más fuerte y no puede ingresar a los programas de Gobierno”, acotó.

México: diferencias entre regiones

Para dar a conocer el panorama del trabajo doméstico remunerado en México, María del Carmen Jiménez, de Tuxtla Gutiérrez, estado de Chiapas, narró su historia como trabajadora desde que tenía apenas 12 años y vivió distintos episodios de violencia y acoso sexual laboral. En el último tiempo, lavó y planchó ropa por docena, por lo que le pagaban menos de un dólar. Trabajó en una casa en la que por tres días a la semana ganaba 2,66 dólares. “Desde hace 9 años he trabajado con una señora dos veces por semana, me paga 300 pesos el día (14 dólares), sin prestaciones”, contó.

Ana Laura Aquino Gaspar, integrante de Juntas en la Defensa de Ciudad de México, en tanto, manifestó que durante la crisis existió una “indiferencia patronal”, con gran cantidad de despidos injustificados y suspensiones sin paga. Añadió que a muchas de sus compañeras cama adentro no se les permitió salir para no contagiar a las familias empleadoras. “Se les expuso al acoso laboral, al estrés, a la depresión por el mismo aislamiento porque no podían ver a sus familias, a jornadas extensas, no se les respetaron sus días de descanso”.

La dirigenta sindical cuestionó que pese a que la ley establece un contrato por escrito, “no hay obligatoriedad para firmarlo, mucho menos inspección que vigile que así se lleve a cabo”.  Por esta razón, estima que el Gobierno mexicano no respondió a las trabajadoras del hogar. En la actualidad, por medio de agencias, se sigue empleando a trabajadoras del hogar, sin derechos laborales y con el requisito del test de Covid-19.

México no tiene establecido un salario mínimo para las personas trabajadoras del hogar y éste es muy diferente según la zona del país. Para la activista es urgente el establecimiento de un salario justo y digno que entregue valor al trabajo de cuidado. Cuando los gobiernos de la región ya hablan de una “nueva normalidad”, la sindicalista enfatiza que “lo normal para una persona trabajadora es que tenga derechos, seguridad social, que sea reconocido su trabajo y sus derechos humanos”.

Justina Hermilo, representante legal de la Red de Mujeres Empleadas del Hogar en Guerrero, México, pidió la palabra para enfatizar que las trabajadoras del hogar remuneradas no son todas iguales y enfrentan  condiciones distintas en las regiones del norte, centro y sur del país.

“Las mestizas, indígenas y negras que vivimos y trabajamos en los estados del Sur, como son Chiapas, Guajaca, Guerrero, que hablamos alguna lengua indígena, la situación es aún más terrible, por décadas hemos vivido en las peores condiciones socio económicas y enfrentamos situaciones de verdadera discriminación, explotación, violencia, míseros salarios, inclusive la venta y trata de personas en la modalidad de trabajo forzado doméstico y venta de niñas, enfrentando además la discriminación por parte de la sociedad y los patrones”, señaló.  

Hermilo precisó que esta diversidad debe necesariamente ser considerada en la legislación y políticas públicas y lamentó “que la sociedad en su conjunto nos falló ante la pandemia”, con una nula respuesta de los gobiernos “y de parte de distintos actores indiferencia y hasta complicidad para violentar nuestros derechos humanos y laborales”.

El movimiento sindical no está en cuarentena

La realidad del trabajo remunerado del hogar es similar en Latinoamérica, dijo Leddy Mozombite Linares, secretaria general de la Federación Nacional de Trabajadoras y Trabajadores del Hogar, FENTTRAHOP, del Perú, quien reiteró que la discriminación se vio agudizada en pandemia.

En ese país se repitieron abusos como despidos sin indemnización, sobrecargas horarias, obligación de permanecer cama adentro, reducción de salarios y falta de condiciones de seguridad que provocaron contagios de Covid-19. “Hay agencias que están contratando pero la condición que ponen es que la salida será cuando llegue la vacuna. Esta es una violación de nuestros derechos humanos. Creemos que estamos regresando a la esclavitud y a la invisibilidad total”, denuncia.

“Esta pandemia afecta mayormente a las mujeres, en general, más allá de ser trabajadora del hogar, porque está la sobrecarga de trabajo de cuidado en nuestros hogares. Cuando a una compañera  le dicen te vas a quedar cama adentro, no vas a salir, porque vas a traer el contagio, estamos dejando a nuestras propias familias abandonadas”, puntualizó la lideresa.

FENTTRAHOP acusa que fueron olvidadas por el Gobierno, que luego de muchas exigencias solo  les entregó canastas de víveres a través del Ministerio de la Mujer. Otra vez, el alto grado de informalidad, que alcanza al 92%, les impide obtener beneficios. “Es como si fuéramos invisibles. No hemos accedido a ningún bono porque no existe un registro de trabajadoras del hogar, pese a que cuando constituimos nuestros sindicatos declaramos nuestras nóminas, pero el propio ministerio no se ha dado el trabajo de hacer una base de datos de las trabajadoras sindicalizadas”. 

Mozombite destaca que pese a ello, el movimiento sindical no está en cuarentena y durante la crisis, como ocurre con las trabajadoras del resto de países, siguieron movilizadas. “El trabajo remunerado que nosotras realizamos es esencial para la sociedad y para el desarrollo económico del país, por lo tanto debe ser valorado, reconocido por el Estado y por la sociedad en general”, expresó.

Agregó que el sector no solo genera empleo para el medio millón de trabajadoras y trabajadores del hogar que existen en el país, “generamos bienestar para las familias donde trabajamos, porque mientras nosotras cuidamos, lavamos, cocinamos, ellos pueden realizarse económica e intelectualmente”.

Las trabajadoras remuneradas del hogar de Perú levantaron la campaña “Tú casa también es un centro de trabajo. Convenio N°189 de la OIT vigente”, con la colaboración de la OIT y de la FES, para exigir una nueva ley que cumpla con los estándares internacionales en materia de protección, como sueldo mínimo, vacaciones, gratificaciones y seguridad y salud en el trabajo. Tienen sus esperanzas puestas en el próximo 4 de Septiembre, día en que el Congreso realizará un “Pleno Mujer” en el que se discutirá, entre otras materias, la Ley de Trabajadoras y Trabajadores del Hogar.

Leddy Mozombite invitó a que la emergencia se convierta en una oportunidad para seguir organizadas y ejercer su libertad sindical. “Pertenecemos a la clase trabajadora y así nos tiene que conocer el movimiento sindical y todas las organizaciones. A seguir construyendo organización porque es nuestra herramienta de lucha. Somos la mayor fuerza laboral en el mundo, si nosotras paramos un día, paramos el mundo”, finalizó.

En su exposición, Carmen Benítez, especialista regional de la Oficina de Actividades para los Trabajadores, ACTRAV, resaltó que con su lucha, las trabajadoras organizadas no solo transforman su realidad, sino la de muchas mujeres en el mundo, ya que el trabajo del hogar remunerado se relaciona con el trabajo de cuidado no remunerado que no está valorizado ni económica, ni social, ni culturalmente. “Es una lucha por el reconocimiento de las mujeres como trabajadoras y de que somos sujetas de todos los derechos al igual que el resto de trabajadores del mundo”.

Benítez afirmó que con su labor sindical, aportan a estrechar la relación entre legislación y práctica. “Ustedes están intentando que haya una coherencia que muchas veces es difícil de conquistar, sobre todo cuando hablamos de los derechos de las mujeres y particularmente de un sector tan discriminado y que tiene consecuencias sobre el resto de las trabajadoras en el mundo”, recalcó.

“Trabajadoras remuneradas del hogar. Luchando por el trabajo decente en tiempos de pandemia”, tendrá su segunda parte el 26 de agosto, con las intervenciones de organizaciones de Bolivia, Brasil, Argentina, Uruguay y Colombia.

Esta publicación es parte del trabajo colaborativo entre Página19 y FESminismos, plataforma de todos los feminismos desde la Fundación Friedrich Ebert (FES) en América Latina y el Caribe.